Imputaron a Emerenciano Sena por defraudación a la administración pública y trata de personas

Se trata de una denuncia realizada hace 13 años y que el fiscal federal, Patricio Sabadini, la retomó, luego del dinero encontrado en su domicilio, tras la desaparición de Cecilia Strzyzowski.

Esta semana salió a la luz una nueva investigación que lleva adelante el fiscal federal, Patricio Sabadini, y que involucra al dirigente social, Emerenciano Sena, detenido por el crimen de Cecilia Strzyzowski.
Se trata de una denuncia que realizó la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en el marco de la causa «Sueños compartidos», en el 2010, pero que la misma había sido archivada. Ahora, Sabadini retomó la búsqueda y volvió a imputarlo por defraudación de la administración pública y trata de personas.

Sergio Schoklender, ex apoderado de la fundación, había presentado la acusación contra Sena en el 2010, cuando todavía estaba al frente del programa Sueños Compartidos. Acusaba al piquetero, entre otros delitos, de someter a la servidumbre a las personas que trabajaban en un predio ubicado sobre la ruta 11.

Por esta razón, Sabadini citó a prestar declaración testimonial a Schoklender, este jueves 31, desde las 10, en forma virtual.

El fiscal viene investigando también el dinero hallado en la casa de los Sena, tras la desaparición de Cecilia, lo cual podría tener relación con estos delitos.

LA DECLARACIÓN DE DOS TESTIGOS
Según indica Infobae, también se citó a dos mujeres que ya habían declarado como testigos. Una de las ellas, Marcela Beatriz Leiva, contó cómo llegó al clan Sena y reveló las condiciones en las que trabajaban. «El trato era siempre malo, habían insultos, denigraban a todos los trabajadores, los manipulaban y amenazaban. Los obligaban a ir a las plazas para mostrar la fuerza que tenía el movimiento, les decían que debían llevar a los chicos para que estos aprendan el espíritu de lucha y a la vez sirvan de escudo para que no los repriman», declaró ante la Fiscalía.

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«Las condiciones de trabajo eran malas, en el predio donde construían las viviendas solo había un baño hecho de palo y lonas para las mujeres, también debían cumplir guardias de 12 horas para cuidar el predio», agregó.

Se refería al ex Campo de Tiro del Ejército, ubicado en la ruta 11. Sena tomó esas tierras en 2007 y luego se asoció al Plan Sueños Compartidos, comandado por Schoklender, para empezar a construir unas 500 viviendas.

«Comían sentados en el piso, no le tenían permiso para salir ni a comparar hielo para los días de mucho calor. Un día un compañero se descompuso y Emerenciano dio la orden que lo saquen para que no se muera adentro y le suspendan la obra», mencionó Leiva.

También se citó a María Soledad Vega, quien ratificó el maltrato que sufrían los trabajadores. «Un día Marcela Acuña golpeó a una compañera llamada Alejandra cuando estaba trabajando, porque decía que provocaba a los compañeros y la humilló después en una reunión ante todos», recordó.

«Un día llegó Schoklender a controlar cómo iban las obras y no lo dejaban entrar al predio, le hicieron bajar los pantalones para ver si llevaba armas. Una vez que ingresó comenzó a reclamarle a los Sena por los 12 millones de fondos que había enviado, por las malas condiciones en que estaban lo obreros, Acuña lo enfrentaba y le decía que tenía todos los papeles», declaró Vega.

La denuncia original de Schoklender apuntaba a tres delitos:

1) sometimiento a servidumbre a los trabajadores que prestaban servicios en el lugar, a quienes bajo extorsión y amenaza le sacaban parte de sus salarios, los sometían a horarios extendidos de trabajo, sin permitirles salir del predio, también debían asistir a las protestas sociales y desobedecer las directivas de la fundación Madres de Plaza de Mayo, lo que incluyó el cese de actividades.

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2) sustracción y apoderamiento ilegítimo de ropa de trabajo, equipos de seguridad (cascos, barbijos, antiparras, etcétera), dinero remitido para gastos de alimentación y materiales de contrucción, de aproximadamente 40 viviendas, remitidos por la Fundación.

3) usurpación del predio del ex campo de tiro, cuya tenencia había sido conferida por el Estado provincial a la Fundación para cumplir la finalidad de los convenios.