«SOLICITARON DETENCIONES Y ALLANAMIENTOS A PIQUETEROS POR EXTORSIONES A BENEFICIARIOS DE PLANES SOCIALES»


Las acciones judiciales se centran en dirigentes del Polo Obrero y de otras organizaciones. Los nombres fueron identificados a través de la línea 134, establecida por el Gobierno para denunciar a los «punteros» que presionaban a los beneficiarios de planes sociales para que asistan a las marchas.
La Justicia Federal investiga maniobras de extorsión contra beneficiarios de planes sociales con el fin de que asistan a las manifestaciones masivas. A la vez, a través de las averiguaciones, descubrieron los piqueteros que estaban involucrados en la venta de alimentos que eran entregados por el Ministerio de Desarrollo Social. Los nombres surgieron a partir de las denuncias realizadas en la línea 134 que habilitó el Gobierno.
Según el pedido de la Justicia, se dieron lugar a 27 allanamientos y la detención preventiva de los involucrados, quienes también fueron citados a indagatorias. Entre los acusados destacan Jeremías Canteros, Elizabeth Palma y otros tres dirigentes de apellidos Puppo, Delgado y Vásquez, que integran el Polo Obrero y otros grupos piqueteros que administraban comedores populares, informó Infobae.
Desde la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal dejaron firme el pedido de allanamiento y la intervención de las líneas telefónicas de los acusados por los delitos de extorsión. «Habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos», expresa el pedido de la Cámara.
«Se encontraban reunidos los elementos de convicción suficientes para convocar a 28 personas y efectuar 27 allanamientos -pertenecientes a domicilios particulares de los requeridos; sedes de comedores populares: Rivadavia I, La Carbonilla, Mariano Ferreyra, Kuña Guapa y Caminos de Tiza, depósitos, oficinas, locales de organizaciones sociales y cooperativas vinculadas- todo ello a fin de proceder a la aprehensión de los imputados para garantizar su comparecencia, secuestrar el producto del delito y recolectar elementos probatorios tales como planillas de asistencias a las movilizaciones o dispositivos celulares», sigue el texto.
«De las intervenciones efectuadas se desprendía que las actividades de los imputados se orientaron a su vez a canalizar los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de»cooperativas», desconociéndose el destino final de ese dinero, razón por la cual solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las 28 personas requeridas a efectos de contar con un panorama global de sus patrimonios, para así determinar si obtuvieron un rédito económico como resultado de los hechos de coacción y extorsión investigados», estableció la decisión que firmó la semana pasada la Sala I de la Cámara.
Por último, el Tribunal expresó la importancia del secuestro de los dispositivos móviles de los involucrados ya que «la mayoría de las exigencias coactivas y extorsivas eran transmitidas por allí, así como también planillas o cuadernos de asistencia o de registro de pagos; documentación vinculada a planes sociales, al funcionamiento de cada Unidad de Certificación o con personas jurídicas que funcionen como cooperativas o asociaciones civiles; comprobantes de pago de cápitas, cuotas, alquileres o mercadería; tarjetas bancarias o comprobantes de extracción de dinero en efectivo», cerró el documento.
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